Hace más de 30 años que Chuck
Hull inventó la técnica de impresión en tres dimensiones. En los últimos años
la expansión de esta tecnología ha sido imparable. Ahora mismo se usa para fabricar
prótesis, robots, zapatos, ropa e incluso comida. Sirva un dato para darnos
cuenta de la magnitud del fenómeno: Boeing usa la impresión 3D para fabricar
más de 22.000 piezas de sus aviones civiles y militares. Prácticamente cada día
aparece publicado una nueva utilidad de la impresión 3D.
El proceso empieza a partir de un
archivo digital creado por uno mismo o tomado de uno de los muchos repositorios
existentes en internet. Lo característico de esta técnica es que ese diseño
digital va “tomando cuerpo” desde abajo hacia arriba, por capas que se van
fusionando según salen de la impresora. En cuanto a los materiales, el más
típico es el plástico, en sus múltiples variedades, pero también se puede usar
metal, papel, chocolate u otros alimentos, en el caso de los dispositivos para
comida.
Como podemos ver se trata de
máquinas que permiten hacer casi cualquier cosa y todos los estudios apuntan a
que tendrá un crecimiento exponencial a medio y largo plazo.
De hecho, en los últimos años se han producido varios factores que han
contribuido a la difusión de estos dispositivos. Por un lado, las impresoras
han ido bajando el precio y mejorando la calidad y usabilidad gradualmente.
Ahora es posible comprar impresoras potentes por menos de $1000. Añadido a lo
anterior, existen muchas páginas que ponen a disposición de los usuarios un
repositorio de archivos digitales listos para imprimir o para modificar (uno de
los más conocidos es
Thingiverse, que los ofrece bajo licencia Creative
Commons).
Como era previsible, los
problemas legales no han tardado en aparecer. Por un lado, la oficina de
patentes americana (USPTO) ha recibido más de 7000 solicitudes de patentes
relacionadas con impresión 3D y la previsible guerra de patentes no ha tardado
en surgir. Ahora mismo, dos de las empresas más importantes -Stratasys y Afinia-
están enzarzadas en un
pleito por infracción de patentes relacionadas con la
forma en que se fusionan los materiales.
Hace unos meses salió a la luz
que
Cody Wilson, un estudiante de derecho americano, había sido capaz de
construir una pistola que era capaz de disparar proyectiles haciendo saltar
todas las alarmas porque además colgó los planos para que cualquier le pudiera
imitar, los cuales fueron descargados más de 100.000 veces.
La piratería es otro de los
aspectos más preocupantes de esta nueva tecnología. Gartner estima que
provocará pérdidas de más de 100 billones anuales. Lo curioso en este caso es
que la piratería va de lo intangible a lo tangible, justo al revés de lo que
había ocurrido hasta la fecha con los contenidos musicales y audiovisuales.
Otro aspecto relacionado son los
escáneres en tres dimensiones, que sirven para escanear objetos o personas y
generar archivos digitales que luego pueden ser imprimidos en 3D. Estos
dispositivos tienen una problemática jurídica propia relacionada con la
intimidad y los derechos de imagen e incluso plantean dudas como por ejemplo si
la imagen escaneada puede ser objeto de copyright (parece que la respuesta
inicial debería ser negativa puesto que no existe originalidad suficiente para
ser protegida por derechos de autor).
Teniendo en cuenta las amenazas
que les vienen encima, los negocios potencialmente afectados están trabajando
en la estrategia para minimizar el daño. Uno de los sectores más vulnerables es
el juguetero. Una de las opciones que podrían tener empresas consolidadas como
Lego es
licenciar algunos derechos sobre sus muñecos o bloques, de forma que
los usuarios pudieran acceder a esos archivos digitales (de forma gratuita, pagando
o en modo freemium) para poder imprimir en casa piezas de calidad muy parecida
al original. Además, Lego podría establecer en las condiciones generales de
licencia el derecho de poder comercializar las mejoras u obras derivadas que
puedan haber realizado los usuarios y que sean de su interés.
En cuanto a las propuestas
legales, parece claro que antes o después habrá que proceder a controlar y
autorizar las impresoras 3D antes de que se comercialicen, así como a regular
el escáner 3D y los usos ilícitos de ambos dispositivos.
El tema de la
responsabilidad por los fallos de la impresora o del producto impreso también deberían ser objeto
de atención por parte del legislador, aunque el caso se complica porque los
fallos podrían venir de: a) el fabricante del dispositivo b) el fabricante de
los materiales utilizados para la impresión c) el creador del archivo digital
que se utiliza y/o d) el usuario final que comercializa los productos
imprimidos en casa.
Otro aspecto que se están debatiendo
en EEUU y que convendría empezar a analizar aquí es la conveniencia de importar
figuras o instituciones de la propiedad intelectual a la propiedad industrial. Sería
una de las formas de hacer frente a los enormes desafíos que la impresión en 3D
plantea sobre los derechos de patentes y marcas. Me refiero a temas como el
fair use, la copia privada, la responsabilidad de los intermediarios por
infracciones o el concepto de obra derivada, que en principio parecen alejados
de la propiedad intelectual.
De hecho, profesores como
Davis Doherty, de la Harvard Law School, están
sugiriendo aprobar una Digital Millennium
Patent
Act y están planteando crear “Inventive Commons”, réplica del Creative
Commons, que actue como una gran base de datos de diseños en 3D que no podrían
ser patentados y que estarían a disposición del público, para favorecer la
creatividad de cualquier persona interesada.
Otras propuestas doctrinales que
están sobre la mesa son la de establecer la figura del “inventor independiente
inocente” (para infracciones sin dolo) o la fijar un umbral por debajo del cual
no existiría vulneración de patentes o marcas.
En cualquier caso, lo que parece
claro es que el legislador debe seguir atentamente este fenómeno de la
impresión en 3D para regularlo de la forma más adecuada y en el momento
oportuno.
